“¿México está ayudando a la campaña de reelección de Trump?”

“¿México está ayudando a la campaña de reelección de Trump?” La silla rota 22 de junio de 2019. https://lasillarota.com/opinion/columnas/mexico-ayuda-a-la-campana-de-reeleccion-de-trump/292171

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“¿Las redes sociales como método anticorrupción?”

“¿Las redes sociales como método anticorrupción?” ContraRéplica 11 de junio de 2019, https://www.contrareplica.mx/nota–Las-redes-sociales-como-metodo-anticorrupcion-201910656?fbclid=IwAR08v6wRVWeWK7Fo2TA3DfFBIyOY3h5OA4vWc9YCQzWuh3R02vEzRaJ2dtM

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“Las formas de la corrupción y la consulta”

“Las formas de la corrupción y la consulta,” La silla rota, March 22, 2019. https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-formas-de-la-corrupcion-y-la-consulta/276641

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“Mexico´s Historic Opportunity to Fight Corruption: Changes, Challenges, and Opportunities”

“Mexico´s Historic Opportunity to Fight Corruption: Changes, Challenges, and Opportunities” Issue Brief No. 03.18.19, Mexico Center, Baker Institute, Rice University. https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/1df3adf0/bi-brief-030819-mex-morris.pdf

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“Lo difícil del pluralismo: la hipocresía y las tribus”

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¿Por dónde empezar con la corrupción: el gran reto del nuevo gobierno?

Published in Arestegui Noticias (July 11, 2018): https://m.aristeguinoticias.com/1107/mexico/por-donde-empezar-con-la-corrupcion-el-gran-reto-del-nuevo-gobierno-articulo/

El compromiso más importante de Andrés Manuel López Obrador es abatir a la corrupción. Y el reto es tremendo no solo por los altos niveles de corrupción, sino porque infiltra casi todas partes de los gobiernos y la sociedad, y toma muchas formas y patrones. Este desafío es más grandes si tomamos en cuenta el hecho de que pocos países del mundo han tenido mucho éxito en sus esfuerzas de reducir la corrupción a pesar de programas integrales, la ayuda de ONG´s nacionales e internacionales, las demandas del pueblo y las promesas de los políticos. Siquiera en México, los presidentes solían llegar a la silla prometiendo una lucha frontal contra la corrupción, una renovación moral en el lenguaje de Miguel de la Madrid o un programa amplio como el de Fox al derrotar al PRI, pero al final de cuentas sin mucho éxito.

Por la magnitud del problema surge la pregunta ¿por dónde empezar? Es claro que se requiere un esfuerzo amplio e integral con muchas iniciativas desde todas las instituciones, enfocando en la prevención, la procuración de la justicia, cambios normativos, el fortalecimiento de las instituciones de la rendición de cuentas, la participación ciudadana, etc., pero también hay que pensar en las prioridades: áreas que pueden tener mayor impacto en otros campos, facilitando el trabajo más amplio, y arrancando círculos virtuosos. En adición, hay que adoptar una estrategia diferente de todos los demás anteriores que han fallado en crear cambios duraderos en el sistema e incluso en la cultura política.

Por eso, apunto aquí de forma muy humilde tres áreas que desde mi punto de vista se deben priorizar: la impunidad, la participación de la ciudadanía y utilizar y fomentar la base de la anticorrupción existente.

La impunidad no es una forma de la corrupción, sino una consecuencia de la corrupción. Si es por dinero o por favores políticos que la policía, el ministerio público, un juez no cumplen con su deber de administrar la justicia de acuerdo a la ley, la corrupción es el cohecho; el efecto, con resultados y repercusiones fuertes a la sociedad, es la impunidad.

Fortalecer las instituciones formales, como el sistema judicial, se trata más bien de debilitar las instituciones informales como la corrupción. Por lo general, los mexicanos están acostumbrados de utilizar cualquier mecanismo disponible para arreglar un asunto aunque sea de forma chueca. Como dicen, siempre hay manera de arreglarse en México. Esta facilidad se debe, al final de cuentas, a la impunidad, o sea la falta de consecuencias de seguir la forma informal. Si yo sé o la policía o quien sea del gobierno saben que no van a sufrir ninguna consecuencia por buscar y utilizar las formas informales (corrupción), entonces vale la pena (es racional) utilizarlas. Esto es la impunidad que hay que atacar ampliamente en México. Esto requiere fortalecer la nueva fiscalía contra la corrupción y que ejerza su labor con el apoyo del gobierno y con total legitimidad, y crear una cultura de la denuncia (ahora no denuncian por la impunidad) dentro y fuera del gobierno. Se necesita estimular un círculo virtuoso en que bajando la impunidad se anima a la gente a denunciar la corrupción, lo cual disminuye la impunidad. Pero a final de cuentas, todos van a tener que aceptar la idea de que no van a existir estos arreglos fáciles como antes. Claro que la gente se queja de la corrupción que les perjudica, pero en realidad no nos quejamos de la corrupción que utilizamos para nuestro bien: cuando la corrupción nos ahorra tiempo con los trámites, o para conseguir un permiso que no deberíamos recibir, o para evitar una infracción, etc. Pero si existiera la posibilidad de meterse en un problema mayor por ofrecer un pago extraoficial o pedirlo, no le quedaría otro que seguir las reglas formales. Ahí es donde tiene que llegar México para tener un verdadero estado de derecho.

Atacar la impunidad es sin duda el trabajo más importante en el nuevo México. El gobierno no debe de ir solo por los de arriba y los del sexenio anterior (urgen las investigaciones y castigos en los casos pendientes de los gobernadores, estafa maestra, revisar los contratos de la reforma energética y el NAICM, etc.), sino a la corrupción de todos los niveles y toda índole. En fin, todos tienen la responsabilidad y deben rendir cuentas, incluso los ciudadanos.

Así se llega a la segunda prioridad en la lucha contra la corrupción: la participación ciudadana. La experiencia en México y otros lugares nos ha mostrado claramente que el gobierno no puede (y en realidad no quiere) eliminar la corrupción sin la ayuda y la participación de la gente. A menudo lo que quiere el gobierno es ganar legitimidad por su retórica contra la corrupción mientras vayan protegiendo sus privilegios y amigos. Reconocemos que gran parte de la causa fundamental de la corrupción o el abuso del poder es la debilidad de la gente. Cuando un policía, burócrata, o político lleva un poder y discrecionalidad abrumadora frente al ciudadano, es fácil explotarlo y extorsionarlo; y por el lado del ciudadano, llega a sentir que el oficial le está haciendo un favor por el cual le tiene que agradecer. De esta forma, el ciudadano tiene miedo a los oficiales del Estado, quienes suelen abusar de su poder. La tarea entonces es llegar a un mejor balance para que los del gobierno también teman a los ciudadanos a quienes deben servir. La rendición de cuenta, además del aspecto horizontal, es vertical y los del gobierno deben estar vigilados por los ciudadanos y rendirles cuentas.

Incorporar al ciudadano a la anticorrupción tiene muchos aspectos. Por un lado, como ha practicado México en reformas recientes, se trata de ciudadanizar a las instituciones. Pero una vez hecho, estos tienden a ser capturados por intereses partidarios u otros como ocurrió con el IFE/INE. Hay que buscar una fórmula para prevenir eso. Incorporar a la gente en una campaña contra la corrupción se trata también de enfocar sobre la cultura de la corrupción, no entendida como causa de la corrupción como señaló una vez Peña Nieto, sino como una consecuencia de la corrupción que crea un dilema de la acción colectiva y que funciona para mantener la corrupción y debilitar a los programas en su contra.
Con tanto apoyo y legitimidad con que llegan al poder AMLO y Morena, es el mejor momento en la historia para crear un gran movimiento ciudadano contra la corrupción. Este movimiento tiene que exigir y apoyar a los cambios, tiene que participar en las organizaciones cívicas que deben tener un papel oficial de vigilar a los funcionarios, tiene que educar a la gente sobre sus derechos y crear una cultura de la denuncia, y tienen que dirigir el cambio cultural desde abajo. Desde la base, los municipios tienen que ser participativo reflejando los intereses y demandas de la comunidad. La policía local tiene que rendir cuentas hacia “arriba” a la ciudadanía, no “abajo” a sus mandos a quienes paguen parte de sus “ganancias.” Y como mencioné antes, este gran movimiento ciudadano contra la corrupción tendrá que jugar un papel fundamental en revertir a la impunidad. Hay que romper el dilema colectivo, creando un círculo virtuoso en donde tiene más sentido cumplir la norma y la institución formal que participar en la corrupción.

Sin un movimiento popular contra la corrupción, los programas del gobierno (desde “arriba” desde la perspectiva tradicional), a pesar de las buenas intenciones que haya, no tendrán mucho éxito a largo plazo. La lección aprendida a través de los años es siempre dudar de los del gobierno, especialmente sus promesas de acabar con la corrupción. Aunque tiene su costo, esta desconfianza es algo bueno porque fortalece la responsabilidad del pueblo de exigir al gobierno, pero la gente no va a participar si no tiene confianza en las intenciones de los del gobierno. Por lo tanto, el programa del nuevo gobierno contra la corrupción tiene que ser transparente y más allá del reproche. El gobierno no merece confianza, tiene que ganarla. Y es la honestidad y firmeza de AMLO las que crean el momento histórico para ganar la confianza.

Y por tercero, hay que construir sobre lo existente, incorporando y movilizando el ejército de guerreros anticorrupción, fortaleciendo las instituciones actuales del gobierno y la sociedad civil para crear una cultura contra la corrupción. Suele ser que llega el nuevo presidente mexicano y borran la cuenta y empiezan de nuevo, descartando el trabajo, la gente y las instituciones anteriores. Sin embargo, uno de los cambios más notables en México en las últimas décadas ha sido el desarrollo de una comunidad y una cultura de la anticorrupción ubicado en las universidades, la sociedad civil e incluso en varias partes del gobierno. Ya hay en México mucha gente dedicada al análisis de la corrupción y a la lucha en su contra. Organizaciones de la sociedad civil – como Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Red Rendición de Cuentas, y muchos otros – y burócratas profesionales en FP, ASF, y otras partes del gobierno. Son gente con buenas intenciones de acabar con la corrupción y es importante que el nuevo equipo de AMLO incorpore esta gente a la tarea de alguna manera. Aunque no todos estamos de acuerdo de cómo abatir a la corrupción, sí estamos de acuerdo en la urgencia de la tarea y el nuevo gobierno necesita de su apoyo, su experiencia, el conocimiento, y la energía de este gran ejército.

De modo similar, a pesar de sus deficiencias, el nuevo esfuerzo tiene que construirse arriba del SNA y las instituciones actuales. Claro que necesita muchas reformas y todavía faltan los nombramientos fundamentales, pero el SNA da la pauta para coordinar un amplio frente contra la corrupción basado en las pillares institucionales. Pero mientras el SNA da el marco, será un gran reto para que el nuevo gobierno coordine y articule todo este sistema desarticulado. Pero dada la magnitud del problema, el gobierno de la transformación necesitará de las instituciones pillares como ASF, INAI, Fiscalía especial, el Tribunal Administrativo, INAI, SAT, SFP, el comité ciudadano, pero las tienen que fortalecer, profesionalizar, y proveer los fondos necesarios para montar un golpe fuerte contra la corrupción. Aquí hay que reconocer que aunque quizá a largo plazo acabar con la corrupción ahorrará dinero, como ha prometido AMLO, en el corto plazo la tarea va a costar dinero.

La corrupción es tal vez el problema central que enfrenta México en el sentido que reduciendo la corrupción es fundamental para lograr otros objetivos. Reducir la corrupción es necesario para crear mayor seguridad, para mejorar el sistema educativo, para promover el desarrollo económico, para reducir la pobreza, para instituir un estado de derecho, para crear un enlace saludable entre el pueblo y sus servidores, y para aumentar la confianza en el gobierno y entre los mexicanos. Es una tarea tan grande como la magnitud del problema, pero el país nunca ha estado en una posición mejor para enfrentarla que este momento. AMLO llega con un apoyo masivo y un mandato popular de atacar frontalmente a la corrupción y su gente, como Dra. Sandoval, la próxima secretaria de la Función Pública, a diferencia de otras, trae una perspectiva más amplia sobre la naturaleza de la corrupción, viéndola como un problema estructural que requiere una redistribución del poder dentro de la sociedad y en la relación estado-sociedad. En vez de seguir las fórmulas de los economistas del FMI, el Banco Mundial y el gobierno de EU -programas que no han tenido mucho éxito mundialmente- veremos un enfoque progresista y popular de luchar contra la corrupción; una lucha que empodere a la gente para fortalecer al estado en vez de simplemente desmantelar al estado al estilo neoliberal. Por el bien de México, todos debemos apoyar este esfuerzo porque sin una movilización masiva, sufrirá el mismo destino que los programas anticorrupción anteriores. La lucha contra la corrupción no es nada más ni menos que la lucha verdadera por la democracia y abatir la corrupción será la gran transformación a que se refiere López Obrador.

*Stephen D. Morris es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Middle Tennessee State University. 

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“Radical Islamic Terrorism” or “Religious Terrorists”

(revised from “Mosque-like Establishments at (or near) Ground Zero” posted on October 6, 2010)

Following the deadly shooting in Orlando, presumptive Republican nominee Donald Trump lambasted President Obama for not using the exact term “radical Islamic terrorism.” Beyond the shift in nomenclature, Trump has gone so far as to suggest a ban on immigrants who profess this religious faith (I suppose they could lie – or we could bring back the inquisition), that we monitor mosques, and even engage in “racial” or, I suppose, “religious” profiling. We could limit their movement or maybe even use reeducation (assimilation) camps. According to Trump, such restrictions and monitoring will prevent Muslims already here from becoming radicalized while blocking the entrance of future terrorists, thus helping to prevent any future attacks on the US here at home. The broader narrative envisions what Huntington labeled a “clash of civilizations,” but which proponents really see as a clash of civilization against incivility or barbarism, painting the Islamic religion itself as violent and even evil.

Perhaps they indeed have a point… but why draw the line of demarcation at the denominational level? These “radical” terrorists (can you really be “a non-radical” terrorist?) are not just Muslim, but religious fanatics, motivated by an uncompromising faith that asserts to know the truth based not on evidence or rational thought, but on sacred texts, weird stories, and metaphysics. Though their motivations and even frustrations are at heart political, it is religion that provides these terrorists their overriding sense of purpose, and a tool to distinguish right from wrong in a broader sense than the here-and-now. Their religion, it seems, at least in their eyes and heart, justify their actions in part by anointing and celebrating deeds designed to spread and honor their faith; their religion minimizes the importance of life in the here and now; and their religion promises them all a reward in the afterlife.

Perhaps then out of respect for the victims of such terrorist acts there should be limits and monitoring not just on Muslims, but on all religious people. History clearly demonstrates the potential for any religion to radicalize and support and justify violence – not just Muslims. This is particularly true for all the religions bent on proselytizing, on spreading the faith, on literally “taking over the world,” and/or on imposing their views and laws on everyone (tell me again why I can’t buy booze on Sunday). Indeed, religion lies behind the terrorist attacks. But targeting just the Muslims while allowing other religious institutions to carry on without restriction seems almost to fan the religious flames, privileging one religion over another when, if we cast the net wide enough, all could be considered potentially threatening and should be condemned.

Many will reject this idea as nonsense. Protestants and Catholics will surely point out that “they” did not blow up the twin towers, bomb marathon runners in Boston, or kill so many at the Pulse nightclub in Orlando. Indeed, why condemn all religions when the terrorists are of one particular religion (the Christian mass shooter in Charleston?) ?

Maybe they have a point… why condemn an entire class of people (the religious) for the actions of a few (the Muslims)? But where then should we draw the lines of demarcation? Who should be included and who should be excluded? According to the same logic, why condemn an entire class of people (Muslims) by the actions of a few (the terrorists)? Just as we can differentiate among religions – despite their commonalities and history of violence — surely we can differentiate between these two groups – despite their commonalities — and not consider them to be synonymous. So, rather than call them “radical Islamic terrorists” why not simply “religious terrorists”?

Stephen D. Morris
June 2016

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